El Tribunal Administrativo de la Función Pública fue creado por la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, como un ente independiente, especializado e imparcial con jurisdicción en toda la República de Panamá para conocer las apelaciones contra las destituciones y acciones de recursos humanos dirigidas contra servidores públicos permanentes.
El Tribunal Administrativo de la Función Público se integra por tres magistrados y sus respectivos suplentes. Dos magistrados son nombrados por el Órgano Ejecutivo y ratificados por la Asamblea Nacional y uno es nombrado por la Asamblea Nacional. De los magistrados nombrados por el Órgano Ejecutivo, uno será escogido por concurso y el otro será designado de una terna presentada por las organizaciones sindicales, Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente.