La magistrada Nelly Edith González Hernández fue designada presidenta del Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP) para el período 2026-2028, mediante Sala de Acuerdos No. 006-2026, en reconocimiento a su sólida trayectoria profesional, su compromiso institucional y su amplia experiencia en la administración pública panameña.

Con la designación, el Tribunal reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad, la transparencia, la eficiencia administrativa y el respeto al marco jurídico que rige la función pública.

La nueva presidencia tendrá como eje de trabajo el impulso de acciones que contribuyan a optimizar los procesos internos y a robustecer la atención de los asuntos sometidos al conocimiento del organismo.

González Hernández inició su trayectoria en la administración pública en 1998 y, desde entonces, ha desarrollado una destacada carrera en el ámbito jurídico y administrativo del Estado.

Entre las funciones que ha ejercido figuran las de asesora legal en la Dirección Nacional de Asesoría Legal y Técnica de Comisiones, secretaria técnica de Relaciones Internacionales, asesora legal de Presidencia, jefa de la Sección de Contrataciones Públicas y directora nacional de Asesoría Legal en Asuntos Administrativos de la Asamblea Nacional de Panamá. Desde 2024 se desempeña como magistrada vicepresidenta del TAFP.

La presidenta es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y cuenta con una maestría en Derecho Privado. También realizó estudios en Negociación de Tratados y Comercio Internacional en la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior y en la Universidad de Santiago de Chile. Su formación incluye diplomados en Derecho Administrativo impartidos por la Procuraduría de la Administración, y actualmente cursa estudios de maestría en Docencia Superior en la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Con más de 25 años de servicio al Estado panameño, González Hernández asume esta responsabilidad con el firme propósito de continuar fortaleciendo la labor del Tribunal Administrativo de la Función Pública, entidad encargada de garantizar la tutela efectiva de las normas laborales en el sector público y el cumplimiento de las disposiciones Constitucionales y legales que regulan la materia.